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Clarificando temas centrales sobre las pensiones en España. Por María Hilda López Pérez

Mucho se habla sobre el problema que tiene España para el pago de las pensiones, esto principalmente por el bajo crecimiento de la productividad de la economía. Más de la mitad del deterioro del sistema se debe a que en los últimos 20 años, el incremento de la productividad ha sido nulo, lo que afecta a los salarios y a la renta del país y, en definitiva, a los ingresos de la Seguridad Social.

El Actual sistema de pensiones se basa en los ingresos y gastos (los ingresos vienen de los cotizantes, y los gastos las personas que cobran las pensiones), el problema es que con la crisis (paro, precariedad, bajos salarios y contratos ‘basura’), los ingresos por cotizaciones no son suficientes para cubrir los gastos.

Las pensiones son un derecho consagrado en los artículos 41 y 50 de la Constitución, la Jubilación es un derecho constitucional, irrenunciable, junto a la educación, la sanidad y la atención a las personas dependientes, son uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar.

Los Pactos de Toledo establecieron una distinción en el sistema público de pensiones, las pensiones no contributivas serían financiadas vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras, que las contributivas lo harían mediante las Cotizaciones Sociales.

Vicenç Navarro y Juan Torres López en su libro “Lo que tienes que saber para que no te roben la pensión”, publicado a finales del 2013 por Espasa, como expertos en economía y políticas públicas, exponen los datos y razones que explican cómo el sistema público de pensiones en España es perfectamente sostenible. Al tiempo que denuncian cómo detrás de todo el discurso catastrofista sobre su insostenibilidad se esconde el interés de bancos y aseguradoras por hacer negocio con los fondos privados de pensiones.

En el  libro “¿Cobraremos la pensión?, Valeriano Gómez, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ex ministro de Trabajo, y los profesores de la Universidad Autónoma. Borja Suárez Corujo y Santos M. Ruesga, se señala que España tiene derecho a tener un sistema de revalorización de las pensiones en base a la Constitución, la “cuestión fundamental” es evitar mediante una nueva reforma la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones “porque si no es así, en los próximos diez o quince años el poder de compra se puede reducir en un veinticinco o un o treinta por ciento”.

Hay que huir de la sensación de “no poder permitirse” este tipo de medidas. La revisión de las pensiones debe ser en base al Indicador de Precios de Consumo (IPC), y hay que buscar financiación alternativa y complementaria a través de los tributos, ya que esto es cuestión de compromiso social y voluntad política. Más allá de cualquier análisis técnico, el sistema de pensiones tiene futuro, España es el país en el que se sigue gastando mucho menos en proporción a su riqueza que otros Estados miembro de la UE. Es necesario abordar el problema, detrás de los mensajes catastrofistas del PP, hay que derogar la reforma del sistema de pensiones de 2013, y volver a tener el indicador de precios como referencia a la hora de la revalorización de las pensiones, además de una revisión del Pacto de Toledo, señala V.Gómez.

Por su parte, para Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, coautor del libro, es necesario que se dote de más fondos al sistema, el mantenimiento del sistema público de pensiones, lo que es una cuestión política. Para él, las pensiones públicas “se pueden pagar perfectamente” siempre que se afronte cuanto antes una reforma fiscal que permita recurrir menos al endeudamiento.  Para este autor la situación del sistema de pensiones ya no es solo un problema demográfico a largo plazo, porque lo que ha llevado a su situación deficitaria ha sido una fuerte caída del empleo y una evolución a la baja de las bases de cotización y los salarios. El sistema de pensiones es “sostenible”, pero es necesario un mayor esfuerzo y compromiso social para mantenerlo, contrariamente a esto lo que se hace es difundir una política del miedo en torno al asunto.

Para el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, lo importante es que haya voluntad política, compromiso y respeto, y que no se tenga miedo “a la reforma permanente”, puesto que el sistema se tiene que ir adaptando a continuas modificaciones.

Según datos de Eurostat, el gasto de pensiones en relación al PIB en España fue de un 11,4% en 2012 (en 2016, además, ese porcentaje descendió al 10,4%), por debajo de trece países de la UE15, siendo Francia (14,9%) e Italia (16,1) los que dedican más presupuesto. Luego es falso que España gaste mucho en pensiones. Incluso a la altura de 2050, según Eurostat, el gasto del Estado español igualaría al actual de Francia (un 14%).

En el caso de las personas desempleadas mayores de 45 años, pesan los años en paro para las futuras pensiones, ya que el cálculo se hace sobre la vida laboral y en los años últimos las cotizaciones son muy bajas o nulas. Además en el caso de acceder a la jubilación anticipada (actualmente puede ser a los 61 o a los 63años), se pierde un 20 % o más de la pensión. Así estas personas además de sufrir la lacra del paro cobraran menos en su jubilación, por ello la modificación del sistema de pensiones debe prever estas situaciones.

Después de trabajar durante gran parte de la vida, la jubilación es la recompensa a muchos años de trabajo, además de un derecho constitucional irrenunciable. Las personas deben poder disponer de los medios necesarios para vivir dignamente en su jubilación, por lo que lejos de las teorías negativistas del gobierno sobre la sostenibilidad de las pensiones, es necesario que este trabaje para que se pongan en marcha soluciones y alternativas, hemos visto varias propuestas.

 

María Hilda López Pérez

@artemisia2

About Jose

Escritor, cineasta, activista cultural y organizador de festivales de cine

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