El acuerdo firmado en Doha en 2020 no incluyó garantías vinculantes para los derechos femeninos y allanó el camino al regreso sin contrapesos del régimen talibán.
El nuevo código penal institucionaliza el “apartheid de género”: castigos simbólicos por fracturar a una esposa, normalización del control masculino y exclusión total de mujeres de la justicia, la educación y la vida pública.
En enero de 2026, el Gobierno de facto de Afganistán aprobó discretamente un nuevo código penal que redefine la violencia contra las mujeres no como delito estructural, sino como herramienta de disciplina social. El texto, compuesto por más de un centenar de artículos, ha sido distribuido a los tribunales sin debate público ni transparencia institucional. Su contenido consolida jurídicamente un sistema donde la mujer queda subordinada al varón —marido, padre o “amo”— y donde el maltrato solo es sancionado si alcanza niveles extremos.
La ley establece, por ejemplo, que un hombre puede agredir físicamente a su esposa y enfrentar penas mínimas —del orden de días de prisión— siempre que las lesiones no sean consideradas graves. La violencia cotidiana queda así despenalizada en la práctica. La protección legal desaparece, y el acceso a la justicia se vuelve ilusorio en un sistema donde la autoridad masculina está respaldada por la norma.
No se trata de una anomalía aislada, sino del paso final de un proceso iniciado tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021. Desde entonces, las autoridades han prohibido la educación secundaria y universitaria para niñas, expulsado a mujeres de la mayoría de empleos públicos y privados, restringido su libertad de movimiento al exigir tutor masculino y limitado severamente su presencia en espacios públicos. Afganistán es hoy el único país del mundo donde las adolescentes no pueden asistir legalmente a la escuela secundaria.
Diversos informes de Naciones Unidas han descrito esta situación como un posible “apartheid de género”: un sistema de discriminación estructural y deliberada que priva a la mitad de la población de derechos fundamentales por razón de sexo. Las restricciones afectan no solo la educación y el trabajo, sino también el acceso a la justicia, la atención sanitaria, la participación política y la libertad de expresión. Mujeres que han protestado han sido detenidas, intimidadas o forzadas al silencio.
Una de las fuentes jurídicas disponibles es un análisis del Criminal Procedure Code for Courts (conocido localmente como De Mahakumu Jazaai Osulnama), firmado por el líder talibán Hibatullah Akhundzada el 7 de enero de 2026 y distribuido a los tribunales afganos sin anuncio público.
El desglose legal señala:
Article 32” del código limita la responsabilidad penal de un marido que golpea a su esposa con un palo solo si el acto “cause broken bones or open wounds” (fracturas u heridas abiertas). En caso de que la mujer pueda demostrar una lesión visible, el máximo castigo para el esposo es hasta 15 días de prisión.
El documento también delega poderes punitivos en “husbands and ‘masters’” en el más alto nivel de castigos discrecionales (taʿzīr), lo que autoriza a hombres y “dueños” a ejecutar sanciones físicas sin ninguna garantía de debido proceso para sus víctimas. Estas frases reflejan partes del texto real que grupos como Rawadari —una organización afgana de derechos humanos en el exilio— han publicado tras obtener el documento original y traducirlo parcialmente. https://www.jurist.org/news/2026/02/taliban-new-penal-code-legalizes-domestic-violence-against-women/
También se menciona que el código sustituye y anula la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2009, que bajo el anterior gobierno reconocido internacionalmente era la legislación base para proteger a mujeres frente a violencia doméstica, matrimonios forzados y otras formas de abuso. https://www.drishtijudiciary.com/editorial/talibans-new-penal-code-institutionalising-gender-apartheid-in-afghanistan
El acuerdo de Doha y la ausencia de garantías
El trasfondo político de este escenario no puede ignorarse. En febrero de 2020, la administración de Donald Trump firmó en Doha un acuerdo bilateral con los talibanes que establecía el calendario de retirada de tropas estadounidenses. El gobierno afgano reconocido internacionalmente quedó al margen de la negociación, y el texto no incluyó cláusulas específicas, verificables y vinculantes sobre la protección de los derechos de las mujeres.
Al priorizar la salida militar sobre la arquitectura institucional posterior, el acuerdo dejó un vacío de poder que facilitó el retorno del régimen talibán sin mecanismos efectivos de supervisión internacional. Aunque la responsabilidad última de las políticas actuales recae en quienes gobiernan Afganistán, la comunidad internacional —y especialmente Estados Unidos, actor central en dos décadas de presencia militar— no puede eludir su papel en la configuración de este desenlace.
El pacto no exigió compromisos concretos sobre educación femenina, participación política o garantías judiciales. Tampoco estableció mecanismos sancionadores automáticos ante incumplimientos en materia de derechos humanos. El resultado es visible hoy: un código penal que convierte la subordinación femenina en norma jurídica.
Un debate incómodo: el espejo estadounidense
La crítica internacional a los talibanes es necesaria y legítima. Sin embargo, el debate global sobre los derechos de las mujeres no puede evitar una reflexión incómoda sobre incoherencias en democracias consolidadas.
En Estados Unidos, el matrimonio infantil sigue siendo legal en varios estados bajo determinadas condiciones, como consentimiento parental o autorización judicial. Organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando que estas excepciones han permitido matrimonios de menores, en su mayoría niñas, con hombres adultos. Aunque no se trata de un sistema equiparable al régimen afgano —donde la restricción es total y estructural—, la persistencia de estas lagunas legales erosiona la autoridad moral de quienes denuncian violaciones de derechos en otros países.
La comparación no pretende equiparar contextos radicalmente distintos, sino subrayar una realidad: los derechos de las mujeres no están blindados de forma automática ni siquiera en las democracias occidentales. Cuando las garantías legales se relativizan —sea mediante excepciones culturales, religiosas o políticas— se abre la puerta a regresiones.
Un régimen no liberal consolidado por ley
El nuevo código penal afgano no es solo una reforma legal; es la formalización de un proyecto político no liberal que redefine la ciudadanía en términos de género. La mujer deja de ser sujeto pleno de derechos para convertirse en figura tutelada. La ley ya no la protege frente al abuso; legitima su subordinación.
Las consecuencias son profundas y generacionales. La exclusión educativa limita la autonomía económica futura. La expulsión del mercado laboral aumenta la dependencia estructural. La ausencia de recursos judiciales perpetúa la violencia doméstica. El control de la movilidad restringe cualquier posibilidad de organización colectiva.
El resultado es un sistema donde la desigualdad no es un efecto colateral, sino un principio fundacional.
En este escenario, la pregunta no es solo qué puede hacer la comunidad internacional frente al régimen talibán, sino qué coherencia está dispuesta a sostener en la defensa universal de los derechos humanos. Porque cuando los derechos de las mujeres se negocian, relativizan o posponen, las consecuencias —en Kabul o en cualquier otro lugar— terminan siendo irreversibles para generaciones enteras.
Un retroceso global: cuando los derechos de las mujeres dejan de ser intocables
Lo que ocurre en Afganistán no es un fenómeno aislado en el vacío histórico. Es la expresión más extrema —y más brutal— de una tendencia que en distintos grados se observa en varias regiones del mundo: el cuestionamiento de derechos que parecían consolidados.
Según datos de Naciones Unidas y organismos especializados en igualdad de género, en los últimos años se ha producido un estancamiento —e incluso retroceso— en indicadores clave: acceso a educación secundaria, autonomía económica, protección frente a la violencia y participación política. Conflictos armados, crisis económicas, fundamentalismos religiosos y movimientos políticos ultraconservadores han creado un entorno donde los derechos de las mujeres se convierten nuevamente en terreno de disputa ideológica.
En múltiples países, las leyes sobre derechos reproductivos han sido restringidas o revertidas. En otros, el matrimonio infantil sigue permitido bajo excepciones legales. En varios contextos, activistas feministas enfrentan criminalización, amenazas y censura. La violencia digital y la desinformación también se han convertido en herramientas para desacreditar y silenciar voces femeninas.
El caso afgano muestra hasta dónde puede llegar esa pendiente cuando no existen contrapesos institucionales ni presión internacional efectiva: la desigualdad deja de ser práctica social para convertirse en norma jurídica. Pero incluso en democracias consolidadas, la erosión puede ser más gradual y menos visible. Cuando los derechos se condicionan, se fragmentan o se subordinan a cálculos políticos, se debilita el principio de universalidad.
A nivel global, el impacto es profundo:
- Económico: la exclusión de mujeres del mercado laboral reduce el crecimiento y amplía la pobreza estructural.
- Educativo: cada generación de niñas sin acceso a educación secundaria multiplica las brechas futuras.
- Sanitario: restricciones en autonomía corporal y servicios médicos afectan mortalidad materna y bienestar.
- Político: la reducción de la participación femenina empobrece la representación democrática.
La regresión en un país no se queda contenida dentro de sus fronteras. Los precedentes legales viajan. Las narrativas que justifican la subordinación encuentran eco. Cuando un Estado convierte en ley la inferioridad de las mujeres y la comunidad internacional responde con tibieza, se envía un mensaje peligroso: que los derechos pueden relativizarse según conveniencia política.
Afganistán representa el extremo visible de un problema más amplio. La cuestión de fondo es si la igualdad de género seguirá considerándose un estándar universal innegociable o si, bajo presión política y cultural, comenzará a fragmentarse en excepciones.
Porque cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos y pasan a ser privilegios temporales.
@LaiaMF
nosolocine
El acuerdo firmado en Doha en 2020 no incluyó garantías vinculantes para los derechos femeninos y allanó el camino al regreso sin contrapesos del régimen talibán.