Las mujeres y el 29-N: ni un paso atrás. Por Conxa Parramón Codina

«El machismo mata» no es, como dicen algunos, un eslogan feminista, sino una realidad comprobable. Este año, en España han muerto a manos de sus parejas 44 mujeres, según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Desde 2003, año en que comenzaron a recopilarse estas estadísticas, los asesinatos de mujeres ascienden a 1.385. Durante el primer trimestre de 2026, último periodo del que disponemos de cifras, se interpusieron en los juzgados cerca de 60.000 denuncias por violencia contra las mujeres.

«Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú». Esta estrofa pertenece al himno feminista creado por el colectivo chileno Las Tesis, en Valparaíso, a finales de 2019. En España se denuncia ante la policía una violación cada 95 minutos, y una agresión sexual u otro delito contra la libertad sexual cada 24 minutos.

Estos son los datos de un país con un Gobierno socialista y un Ministerio de Igualdad en manos de Sumar, que sitúan la protección y la integridad de las mujeres entre sus principales prioridades. Un país que dispone de unidades especiales en la policía y en los hospitales para atender a las víctimas; del teléfono 016, gratuito y cuya llamada no deja rastro en la factura telefónica; del sistema VioGén, una base de datos que evalúa el nivel de riesgo de las víctimas; del botón SOS, que envía una alerta inmediata al centro policial más cercano; de centros integrales de atención a las víctimas y de puntos lilas en fiestas populares y espacios públicos, entre otros recursos.

Y ahora, ante las elecciones del próximo 29 de noviembre, Vox niega la existencia de la violencia machista. En algunas de las comunidades autónomas donde gobierna en coalición con el Partido Popular, como la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Baleares, se han eliminado las consejerías dedicadas específicamente a la Igualdad y sus competencias se han integrado en otras áreas, como ya sucedía en Castilla y León y Murcia.

En estos territorios también se han aplicado recortes a las subvenciones destinadas a organizaciones feministas que prestan apoyo a mujeres violadas o maltratadas. En más de veinte grandes ayuntamientos, las competencias específicas en materia de mujer han sido absorbidas por las áreas de Familia, Servicios Sociales o Acción Social.

Estos recortes repercuten directamente en la prevención, la coeducación y las redes de acompañamiento social de proximidad, elementos fundamentales para detectar las agresiones contra las mujeres y actuar antes de que sea demasiado tarde.

‘No’ ha de continuar significando ‘No’. Y si el 29 de noviembre el Gobierno elegido por los españoles también está formado por PP y Vox, el segundo ‘No’ puede convertirse en un ‘Quizás’.

«Váyanse a abortar a otra parte», dijo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en un pleno de la Asamblea regional. «Nosotros defenderemos el derecho a la vida», ha afirmado Santiago Abascal, que podría ocupar la vicepresidencia del Gobierno en un hipotético Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Las mujeres de este país, y especialmente las más jóvenes, están a punto de perder un derecho por el que han luchado generaciones enteras: la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo y escoger si quieren ser madres o no.

El 5 de julio de 1985, el Gobierno de Felipe González despenalizó el aborto en tres supuestos: riesgo para la salud de la mujer, violación y malformaciones fetales graves. Veinticinco años después, otro Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, modificó la ley y estableció un sistema de plazos que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, otorgando a las mujeres libertad para decidir.

Pero esta no es la primera vez que el aborto ha sido legal en España. En 1936, la anarquista Federica Montseny, ministra de Sanidad en el Gobierno de Largo Caballero, consiguió extender a todo el territorio republicano el decreto aprobado por la Generalitat de Catalunya que autorizaba la práctica del aborto a las mujeres que lo solicitaran.

Durante la larga noche del franquismo, las mujeres que necesitaron abortar continuaron haciéndolo en secreto, recurriendo a curanderos y a prácticas clandestinas. Muchas perdieron la vida.

Un número importante de mujeres solteras y embarazadas acabaron en manos de las monjas que se ocupaban de los reformatorios del Patronato de Protección a la Mujer. En muchos casos, eran separadas de sus hijos para entregar a estos en adopción sin el consentimiento de las madres.

El patronato tenía como objetivo la «dignificación moral de la mujer» y la «represión del vicio y la prostitución». Para esta institución, una mujer soltera y embarazada ya era sospechosa de prostitución. Todas aquellas que vivían al margen de la moral católica impuesta por el franquismo eran consideradas mujeres «caídas». Así, este organismo funcionó como un aparato de represión ideológica y moral de las mujeres durante los cuarenta años de franquismo y también durante una parte de la democracia.

La serie de RTVE ‘Patronato, histéricas, desviadas, descarriadas’; la película ‘Ruega por nosotras’, de Daniel Monzón, que acaba de estrenarse, y el libro ‘Redimir y adoctrinar’ recuperan la memoria de las mujeres que sufrieron malos tratos y vieron vulnerados sus derechos en aquel patronato.

«Ninguna mujer nace para ser prostituida»

El Ministerio de Igualdad estima que más de 114.000 mujeres ejercen la prostitución en España, aunque se trata de una actividad difícil de cuantificar. No debemos confundir el número de mujeres que ejercen la prostitución con el de las víctimas de trata. En este último ámbito, las cifras del ministerio señalan que hasta 17.500 mujeres podrían estar en riesgo de trata y cerca de 28.000 podrían ser víctimas de explotación sexual. El PSOE defiende la abolición de la prostitución; el PP prioriza la lucha contra la trata, mientras que Vox rechaza la explotación sexual.

«Ningún cuerpo es un cuerpo equivocado»

En 2023, el Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos aprobó la Ley Trans y de Igualdad de las Personas LGTBI. En virtud de esta ley, las personas trans tienen derecho a la autodeterminación de género, a cambiar el sexo y el nombre en el Registro Civil, a recibir una atención sanitaria respetuosa con su identidad y sus necesidades y a no sufrir discriminación en el ámbito laboral ni educativo, entre otros derechos.

Muchos de estos derechos podrían verse amenazados si el 29 de noviembre el PP y Vox obtienen una mayoría suficiente para gobernar. Vox quiere derogar esta ley y su modificación forma parte de las exigencias fundamentales de este partido para apoyar a Feijóo.

«A igual trabajo, igual salario. La igualdad no se negocia»

La brecha salarial en España es del 16 % y solo un 36 % de las mujeres ocupan cargos directivos y de gerencia. Es decir, casi dos de cada tres puestos directivos están ocupados por hombres. En esta materia, el PSOE reclama más paridad y cuotas obligatorias para favorecer la promoción profesional de las mujeres. El PP defiende la igualdad de oportunidades y la promoción profesional, mientras que Vox rechaza las cuotas y la discriminación positiva y apuesta por más medidas de apoyo a la maternidad y a la familia. La paridad no es un privilegio. Sin cuotas, su consecución queda en manos de quienes toman las decisiones en las empresas y las instituciones. Es una cuestión de justicia. Mientras las mujeres cobren menos, tengan menos oportunidades y ocupen menos espacios de poder, la igualdad seguirá siendo una asignatura pendiente.

«Si nosotras paramos, se para el mundo»

Este fue el lema de la huelga feminista y de las multitudinarias manifestaciones celebradas el 8 de marzo de 2018 en más de 170 países. Fue una jornada histórica de reivindicación de la igualdad salarial, del fin de la violencia contra las mujeres y del reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres.

En España, las mujeres representamos el 51 % de la población, pero no alcanzamos esa misma proporción en los espacios de representación y de poder. Porque la igualdad no consiste únicamente en tener los mismos derechos, sino también en disponer de las mismas oportunidades para ejercerlos. El voto es un derecho que conseguimos en 1931 y que, hasta ahora, nadie se ha atrevido a arrebatarnos. En las elecciones generales del 29 de noviembre debemos ejercerlo para defender nuestros derechos, evitar nuevos retrocesos y seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Conxa Parramón Codina

@parra1959

About Jose

Escritor, cineasta, activista cultural y organizador de festivales de cine

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